11
ene

sentencia

Las asociaciones de víctimas de tráfico se han reunido con el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román García, para transmitirle su “preocupación” por la supresión de las faltas en la reforma del Código Penal. Actualmente, el 80% de accidentes con víctimas son juzgados como faltas. En el Código Penal vigente se consideran faltas tanto las imprudencias leves con resultados graves como las imprudencias graves con resultados leves. Con la reforma propuesta por el Gobierno, las imprudencias graves que provoquen lesiones leves podrían quedar fuera de la vía penal. También podrían quedar fuera aquellas imprudencias que a pesar de ser leves han causado consecuencias graves, con lesiones permanentes o incluso la muerte de la víctima.

 

En el nuevo Código Penal queda a “discreción” de los jueces si una imprudencia como saltarse un semáforo en rojo y provocar a otra persona una lesión leve, que ahora se interpreta como falta, es lo suficientemente grave como para considerarlo un delito y, por tanto, tiene que ir por la vía penal o, sin embargo, la víctima tiene que acudir a la vía civil para reclamar su indemnización. Las víctimas consideran que la propuesta del Gobierno supone la “despenalización” de determinadas imprudencias en la conducción y defienden la necesidad de mantener tipificadas en el Código Penal las conductas imprudentes al volante que ocasionen daños a las personas y que se considere siempre una imprudencia grave el hecho de cometer una infracción administrativa grave o muy grave, tipificada en la Ley de Tráfico, cuando haya ocasionado víctimas.

 

Las víctimas afirman que deberían también contemplarse sanciones más duras para los casos de reincidencia y multirreincidencia. Y piden la exención del pago de tasas judiciales para las reclamaciones de indemnizaciones por las víctimas de accidentes de tráfico y sus familias. El Ministerio de Justicia insiste en su predisposición a estudiar estas propuestas.

 

 

PEREZ TIRADO ABOGADOS
COMENTARIOS al ANTEPROYECTO de LEY ORGÁNICA por la que se MODIFICA la LEY ORGÁNICA del CÓDIGO PENAL

 

1.- Consideramos que el Anteproyecto sobre futuras modificaciones en el Código Penal puede poner en grave riesgo las actuales políticas que se han venido siguiendo en materia de Seguridad Vial y que han conseguido una reducción importante de la siniestralidad.

 

2.- Consideramos que algunas modificaciones pueden dar un mensaje a la Sociedad de “despenalización” de actitudes imprudentes en la circulación de vehículos a motor, y ese inadecuado mensaje puede producir a los pocos meses un grave aumento de la siniestralidad con más fallecidos y más lesionados en accidentes de tráfico.

 

3.-  Es inadecuado en nuestra opinión, la despenalización de las denominadas “imprudencias leves”, que en muchos casos provocan homicidios imprudentes y graves lesiones a muchos ciudadanos.

 

4.- Es un grave perjuicio para las víctimas de los accidentes de tráfico que se reconduzcan las “imprudencias leves” a la vía civil, donde los perjudicados (lesionados y familiares de fallecidos), tendrán que soportar graves costes económicos (tasas judiciales, periciales diversas, etc.).

 

5.- Resultará un mensaje incomprensible para la Sociedad que una imprudencia en accidente de tráfico, al calificarse como “leve”, a pesar de producir el resultado del fallecimiento de una persona, haya quedado “despenalizada”, por lo cual, los vehículos a motor se pueden transformar en un peligro social cuando se conozca que determinadas conductas, incluso, con grave resultado lesivo, no merecen el reproche penal.

 

6.- Estamos convencidos que algunas de las modificaciones que se plantean, no podrían ser en ningún caso compartidas por la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del propio Congreso de los Diputados.

 

7.- La solución de canalizar las actuales faltas (por imprudencias leves) a los nuevos “delitos leves”, generará un grave daño a las víctimas de los accidentes de tráfico, al no existir una diferencia cualitativa entre “imprudencia grave” e “imprudencia leve”, siendo un criterio muy subjetivo, que en la actualidad permite cuanto menos, la celebración de un juicio de faltas y que en el futuro llevará a un total desamparo a las víctimas y perjudicados, que no podrán comprender que a la persona causante de sus graves lesiones o del fallecimiento de su familiar no tiene ni tan siquiera un juicio penal.

 

8.- Como en el actual Código Penal la “imprudencia grave” con resultado de muerte (artículo 142), tiene una pena de uno a cuatro años de prisión, existe una tendencia judicial a calificar los hechos como “imprudencia leve”, y esta situación con la reforma del Código Penal producirá que la mayoría de accidentes de tráfico con resultado de muerte, quedarán sin juicio penal y sin pena alguna para el causante.

 

9.- No se aborda en la reforma la modificación que debería efectuarse en el citado artículo 142.2, donde además de la privación del permiso de conducir, debería añadirse multa de tres meses a un año para garantizar una adecuada aplicación de las penas según la importancia de la infracción cometida y el grave resultado que se haya producido.

 

10.- De la misma forma, en el actual Código Penal la “imprudencia grave” con resultado de lesiones (artículo 152), tiene una pena de tres meses a dos años de prisión, existe una tendencia judicial a calificar los hechos como “imprudencia leve”, y esta situación con la reforma del Código Penal producirá que la mayoría de accidentes de tráfico con resultado de graves lesiones, quedarán sin juicio penal y sin pena alguna para el causante.

 

11.- No se aborda en la reforma la modificación que debería efectuarse en el citado artículo 152.2, donde además de la privación del permiso de conducir, debería añadirse multa de un mes a seis meses para garantizar una adecuada aplicación de las penas según la importancia de la infracción cometida y el grave resultado que se haya producido.

 

12.- Las penas leves que se establecen en el proyecto de modificación en el apartado 4 del artículo 33, en su epígrafe a), de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año, deberían de situarse en un marco de un mes a dos años, para garantizar una adecuada aplicación de la pena según la importancia de la infracción cometida y el grave resultado que se haya producido.

 

13.- De la misma forma, en ese mismo apartado 4 del artículo 33, en su epígrafe f), en el proyecto de modificación, la multa debería de regularse hasta tres meses, para garantizar una adecuada aplicación de la pena según la importancia de la infracción cometida y el grave resultado que se haya producido.

 

14.- En la modificación que se realiza del artículo 147, debe preverse también la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de un mes a tres meses.

 

15.- No parece aconsejable en políticas de Seguridad Vial la modificación del artículo 80 en su apartado 2, epígrafe 1º, donde se recoge que para dejar en suspenso la ejecución de la pena “no se tendrá en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos leves”, lo cual puede transformar a determinados conductores en causantes continuos de accidentes con pérdidas de vidas humanas sin cumplimiento de las penas que por sentencia se apliquen.

 

José Pérez Tirado
Abogado

Print Friendly, PDF & Email
0 No hay comentarios

Comments are closed.